MÉXICO.- La sesión de Comisiones Unidas que se efectuó el pasado 25 de febrero en el Congreso del Estado estuvo plagada de irregularidades legislativas por parte de los diputados abortistas, quienes quisieron modificar el Código Penal para legalizar este brutal crimen, violentando así la Constitución de Quintana Roo que protege la vida desde la Concepción hasta la muerte natural.
Lo anterior, a pesar de que ya se había acordado por unanimidad en las Comisiones Unidas que, para proceder a la legalización de este artero asesinato de la madre hacia su hijo, debería modificarse primero el Artículo 13 de la Constitución estatal.
Sin embargo, los legisladores pro muerte se dieron cuenta que no reunirían los 17 votos que necesitaban, por lo que volvieron a insistir en cambiar únicamente el Código Penal, apostando a que pueden lograr una mayoría simple de 13 votos.
Cabe señalar que esta misma estrategia se implementó en Oaxaca, donde los diputados lograron modificar el Código Penal para legalizar este genocidio, lo que representa una clara violación a su Constitución que establece la protección a la vida en todas sus etapas.
Es por ello, que la Coalición Nacional SUMAS (Suma de Actores Sociales), exige al H. Congreso del Estado de Quintana Roo que se apegue a Derecho y no apruebe iniciativas que están en franca oposición a su Constitución local.
Así mismo pedimos a los legisladores no conducirse por intereses económicos, políticos o ideológicos, ni dejarse amedrentar por presiones nacionales e internacionales que pretenden implantar el aborto en todo el mundo.
Les recordamos que ustedes son los representantes del pueblo. La sociedad no quiere más sangre y menos de personas inocentes en edad de gestación. ¿Qué no les basta con la sangre de miles y miles de mexicanos que son asesinados por la fuerte delincuencia y el crimen organizado en nuestro país?
Las familias tenemos memoria y acabaremos con todos aquellos políticos que traicionaron a su pueblo, que en total incongruencia, privilegiaron sus intereses antes que los de los ciudadanos que los eligieron y el respeto al derecho número uno, que es el de la vida de todos.